La designación de auxiliares de la justicia: un sistema que aún carece de transparencia y trazabilidadPor Laura Constanza Dueñas LeguizamónAbogada especialista en Derecho Administrativo
- Laura Constanza Dueñas Leguizamon
- hace 3 días
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La confianza en la administración de justicia también depende de cómo se designan sus auxiliares.
Cuando se habla de transparencia judicial, normalmente la atención se concentra en jueces, magistrados o fiscales.
Sin embargo, existe otro grupo de actores cuya labor tiene un impacto directo en miles de procesos judiciales y notariales: los auxiliares de la justicia.
Secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, peritos e intérpretes participan diariamente en decisiones que afectan el patrimonio, los derechos y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La pregunta es inevitable:
¿El sistema actual garantiza que esas designaciones sean realmente transparentes y verificables?
Un problema poco visible
En Colombia, los auxiliares de la justicia integran listas administradas por los Consejos Seccionales de la Judicatura.
En principio, esas listas buscan asegurar que las designaciones recaigan sobre personas previamente inscritas y que cumplen determinados requisitos.
Sin embargo, una vez elaboradas las listas, surge un problema práctico que pocas veces se discute:
No existe un sistema público, unificado y fácilmente verificable que permita conocer cómo se distribuyen las designaciones, con qué frecuencia se nombran determinados auxiliares o si realmente se respetan criterios objetivos de rotación y equidad.
La importancia de la trazabilidad
En materia de función administrativa, el artículo 209 de la Constitución establece que las actuaciones de las autoridades deben desarrollarse con fundamento, entre otros, en los principios de:
igualdad;
moralidad;
eficacia;
economía;
imparcialidad;
publicidad.
Estos principios no solo exigen que las decisiones sean legales.
También demandan que puedan ser verificadas por la ciudadanía.
La transparencia requiere trazabilidad.
¿Qué significa trazabilidad?
Significa que cualquier ciudadano pueda conocer, por ejemplo:
cuántas designaciones ha recibido un auxiliar durante determinado período;
cuál fue el criterio utilizado para efectuar cada nombramiento;
si existe una distribución equilibrada entre quienes integran la lista;
cuántos nombramientos fueron rechazados;
cuáles permanecen vigentes.
Cuando esa información no es fácilmente verificable, el control ciudadano se debilita.
Un riesgo institucional
La ausencia de herramientas tecnológicas que permitan hacer seguimiento permanente no significa, por sí sola, que existan actuaciones irregulares.
Sin embargo, desde la perspectiva del derecho administrativo, los sistemas que carecen de publicidad y trazabilidad generan mayores riesgos de arbitrariedad, discrecionalidad indebida y favorecimientos, porque reducen la posibilidad de control por parte de los órganos de vigilancia y de la ciudadanía.
La mejor política anticorrupción no consiste únicamente en sancionar conductas irregulares.
Consiste en diseñar procedimientos que hagan muy difícil que esas conductas puedan ocurrir sin ser detectadas.
El caso de las notarías
La situación merece especial atención cuando determinados trámites notariales requieren la participación de auxiliares de la justicia.
Si bien las notarías ejercen una función pública por delegación del Estado, tampoco existe un sistema nacional que permita conocer de manera sencilla y transparente el historial de designaciones cuando la intervención de estos auxiliares resulta necesaria.
La existencia de registros dispersos dificulta el seguimiento y limita el ejercicio del control ciudadano.
Tecnología al servicio de la transparencia
Hoy existen herramientas tecnológicas que permitirían fortalecer significativamente este sistema.
Por ejemplo:
plataformas nacionales de consulta pública;
historiales completos de designaciones;
indicadores automáticos de distribución;
alertas sobre concentración de nombramientos;
sistemas de auditoría en tiempo real.
La tecnología ya existe.
Lo que hace falta es voluntad institucional para implementarla.
Una oportunidad para fortalecer la confianza
La transparencia no debe entenderse como una carga administrativa.
Debe asumirse como una garantía para todos:
para los ciudadanos;
para los jueces;
para los notarios;
y para los propios auxiliares de la justicia.
Los sistemas transparentes también protegen a quienes actúan correctamente.
Cuando todas las decisiones pueden verificarse, disminuyen las sospechas y aumenta la confianza en las instituciones.
Reflexión final
Los auxiliares de la justicia cumplen una función esencial dentro del sistema judicial colombiano.
Precisamente por esa importancia, sus designaciones deberían estar acompañadas de mecanismos modernos de publicidad, trazabilidad y control que permitan verificar objetivamente el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y transparencia.
Fortalecer estos mecanismos no implica desconfiar de quienes realizan las designaciones.
Por el contrario, significa consolidar un modelo institucional donde las decisiones públicas puedan ser conocidas, auditadas y controladas por la ciudadanía.
La confianza en la administración de justicia no solo depende de que las decisiones sean correctas. También depende de que los procedimientos mediante los cuales se adoptan puedan ser plenamente transparentes y verificables.
Referencias normativas
Constitución Política de Colombia, artículos 2, 13, 29 y 209.
Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), disposiciones sobre auxiliares de la justicia.
Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que regulan la conformación y administración de las listas de auxiliares de la justicia.
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