La confianza legítima: el principio constitucional que se debilita cuando las decisiones públicas no son transparentes.
- Laura Constanza Dueñas Leguizamon
- hace 3 días
- 5 min de lectura
Actualizado: hace 3 días
La confianza en el Estado no se exige. Se construye.
Cada vez que un ciudadano participa en un concurso de méritos, se inscribe como auxiliar de la justicia o presenta una solicitud ante una entidad pública, acepta someterse a unas reglas previamente establecidas.
Lo hace porque confía en que el Estado actuará con transparencia, objetividad y respeto por el principio de igualdad.
Esa confianza no es simplemente una expectativa moral.
Es un principio jurídico protegido por la Constitución y desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional.
Sin embargo, esa confianza comienza a deteriorarse cuando los procedimientos públicos dejan de ser fácilmente verificables.
¿Qué es la confianza legítima?
La confianza legítima es una manifestación del principio constitucional de la buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional ha explicado que este principio protege las expectativas razonables que los ciudadanos construyen a partir de la actuación coherente y estable de las autoridades públicas.
En la Sentencia C-131 de 2004, la Corte definió la confianza legítima en los siguientes términos:
"El ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar."
La misma providencia señala que el Estado no puede modificar de manera abrupta las reglas de juego ni adoptar actuaciones contradictorias que frustren las expectativas legítimas creadas por su propio comportamiento.
La confianza también depende de la transparencia
Tradicionalmente se ha entendido que una actuación administrativa es válida cuando cumple la ley.
Sin embargo, en un Estado Social de Derecho eso ya no resulta suficiente.
Las decisiones públicas también deben poder ser:
conocidas;
verificadas;
auditadas;
controladas por la ciudadanía.
La transparencia no solo protege la legalidad.
También protege la confianza.
Cuando la trazabilidad desaparece
Hoy existen procedimientos administrativos que todavía presentan importantes dificultades para ser seguidos y verificados por los ciudadanos.
Algunos ejemplos son:
el seguimiento a determinadas vacantes dentro de concursos de mérito;
la información disponible sobre la provisión efectiva de ciertos empleos públicos;
los mecanismos de consulta relacionados con la designación de auxiliares de la justicia.
No se trata de afirmar que exista una actuación irregular.
El problema es otro.
Cuando el ciudadano no puede verificar fácilmente cómo se adoptó una decisión, comienzan a surgir dudas sobre la objetividad del procedimiento.
Y cuando la duda aumenta, la confianza disminuye.
Concursos de mérito: cuando el ciudadano deja de entender el sistema
El mérito constituye la regla general para acceder a los empleos públicos.
Quien participa en un concurso acepta competir porque supone que las reglas serán objetivas y transparentes.
Pero esa confianza puede verse afectada cuando resulta difícil conocer, por ejemplo:
el estado real de determinadas vacantes;
la forma en que se proveen algunos cargos;
las razones por las cuales ciertos empleos permanecen ocupados provisionalmente;
la trazabilidad completa del proceso de provisión.
La ausencia de información clara no demuestra irregularidades.
Sin embargo, sí puede generar incertidumbre y afectar la percepción de legitimidad del sistema.
Auxiliares de la justicia: una oportunidad para fortalecer la transparencia
Algo similar ocurre con la designación de auxiliares de la justicia.
Los ciudadanos difícilmente pueden acceder de manera sencilla a información consolidada que permita verificar aspectos como:
cuántas designaciones ha recibido cada auxiliar;
cómo se distribuyen los nombramientos;
cuáles fueron aceptados o rechazados;
cuáles permanecen vigentes;
cuál fue el criterio objetivo utilizado para cada designación.
La existencia de registros dispersos dificulta el control ciudadano.
Y cuando el control resulta complejo, también disminuye la confianza institucional.
La percepción ciudadana también importa
Con frecuencia se sostiene que mientras no exista prueba de corrupción no existe un problema institucional.
Esa afirmación resulta incompleta.
Las instituciones democráticas no solo deben actuar correctamente.
También deben inspirar confianza.
Cuando los procedimientos carecen de suficiente publicidad o trazabilidad, muchas personas comienzan a preguntarse:
¿Se están aplicando realmente las mismas reglas para todos?
¿Puedo verificar cómo se tomó la decisión?
¿Existe algún mecanismo objetivo que permita controlar estas actuaciones?
No se trata de concluir que existe fraude.
Se trata de reconocer que la falta de información verificable puede alimentar una percepción de opacidad que debilita la legitimidad de las instituciones.
La tecnología puede fortalecer la confianza
Hoy existen herramientas tecnológicas que permitirían mejorar significativamente la transparencia de estos procedimientos.
Entre ellas:
plataformas públicas de consulta;
historial completo de actuaciones;
sistemas de trazabilidad de vacantes y designaciones;
auditorías automáticas;
indicadores de distribución de nombramientos;
reportes estadísticos abiertos a la ciudadanía.
La implementación de estas herramientas no solo fortalecería el control.
También contribuiría a recuperar la confianza en las instituciones.
El respaldo constitucional
El artículo 209 de la Constitución establece que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Por su parte, el artículo 83 consagra el principio de buena fe, del cual la jurisprudencia constitucional ha derivado el principio de confianza legítima.
En la Sentencia T-453 de 2018, la Corte Constitucional reiteró que la confianza legítima constituye un límite a las actuaciones de las autoridades y protege a los ciudadanos frente a modificaciones intempestivas o actuaciones que desconozcan las expectativas legítimas creadas por el propio Estado.
En otras palabras, la confianza legítima no protege únicamente derechos adquiridos.
También protege la estabilidad, la coherencia y la previsibilidad de la actuación administrativa.
Reflexión final
La legitimidad del Estado no depende únicamente de que sus decisiones sean legales.
También depende de que los ciudadanos puedan comprenderlas, verificarlas y controlarlas.
Fortalecer la trazabilidad en los concursos de mérito, en la designación de auxiliares de la justicia y en otros procedimientos administrativos no significa desconfiar de las instituciones.
Significa hacerlas más fuertes.
Cuando las reglas son claras, las actuaciones son verificables y la información es accesible, disminuye la incertidumbre y aumenta la confianza ciudadana.
En un Estado Social de Derecho, la transparencia no es un valor accesorio.
Es una condición indispensable para proteger la igualdad, la buena fe y la confianza legítima que todo ciudadano debe poder depositar en sus instituciones.
Referencias
Constitución Política de Colombia
Artículo 2.
Artículo 13.
Artículo 29.
Artículo 83.
Artículo 125.
Artículo 209.
Normativa
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública).
Jurisprudencia
Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004, sobre el principio de buena fe y el desarrollo de la confianza legítima.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2018, que reitera que la confianza legítima protege las expectativas razonables de los ciudadanos frente a la actuación de las autoridades públicas y constituye un límite a cambios intempestivos de la Administración.
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